Barreras al financiamiento: El mal crónico de las Pymes y las microempresas
El capítulo “Realidad de las microfinanzas en Chile”, contenido en el informe “Desempeño Social 2016, Midiendo lo que realmente importa”, elaborado por BBVA Research, da cuenta que en Chile existen 1,9 millones pequeños emprendedores. De ellos, un tercio se dedica al comercio y explican un cuarto de la fuerza laboral del país. Se trata de un sector pujante y en permanente evolución y pese a ser vital para la sobrevivencia de un amplio sector de la población, tiene enormes carencias financieras y falta de apoyo de la banca formal.
El informe “Realidad de las microfinanzas en Chile”, elaborado por BBVA Research y presentado a comienzos de julio por la Fundación Microfinanzas BBVA, con el apoyo del Fondo Esperanza y Emprende Microfinanzas, consigna que el emprendimiento es un factor clave para crear oportunidades en zonas de escaso empleo formal, en especial en las regiones extremas. Según los datos recopilados, el 24% de la fuerza de trabajo se desempeña como microempresario, cifra que se eleva al 30% en regiones como Los Lagos, Tarapacá y La Araucanía.
Del total de emprendedores que existen en el país, el 33% se dedica al comercio y 49% son informales. Asimismo, señala que el 52% no se encuentra afiliado a un sistema de salud, que el 69% no cotiza en una AFP y que 88% no cuenta con seguro de accidentes.
Según el informe, estos emprendedores realizan diversos trabajos en el comercio formal e informal, manufacturas u ofrecen servicios. A su vez, un alto porcentaje trabaja desde sus casas y la mayoría (56%) no volvería a ser asalariado bajo ninguna condición. De hecho, solo un tercio dice que volvería a ser asalariado por un mejor sueldo y el 44% de ellos ha permanecido como microempresario por más de 10 años. Esto, pese a que desarrollan su trabajo en condiciones de desprotección y ausencia de seguridad social.
Por otra parte, el estudio señala que el 66% de los microempresarios busca mejores expectativas, fundamentalmente elevar sus ingresos o los de su hogar, aunque la mayoría de los hombres dice que no quisiera volver a tener un jefe y las mujeres aspiran a generar ingresos, compatibilizando su rol de microempresarias con las labores domésticas y/o el cuidado de los niños. La mayoría de mujeres emprendedoras (66%) concentra su actividad en emprendimientos con ingresos mensuales de hasta $375 mil pesos. El 38% de los microempresarios del país son mujeres.
Otro de los desafíos de los empresarios de menor tamaño es el uso de internet: el 86% piensa que no es necesario o bien no sabe utilizarlo, mientras que el 7% no tiene acceso. Lo anterior se traduce en que el 91% de los pagos los hacen en efectivo.
Trabas para el financiamiento
El gerente general de Emprende Microfinanzas, Pablo Coloma, dice que “el principal problema de los microempresarios es el acceso al financiamiento, lo que da enorme relevancia a los microcréditos otorgados por instituciones como la fundación que el representa y del Fondo Esperanza.
“El país requiere con urgencia de más y mejor inclusión financiera para los trabajadores por cuenta propia y microempresarios”. Agrega que “se debe fortalecer el fomento al desarrollo del crédito a microempresas” y que “se requiere una política pública para el desarrollo del segmento de las microempresas, que cuente con los incentivos necesarios para promover la formalización de los negocios en los sectores más vulnerables”.
En el mismo estudio del BBVA Research se constata que los mismos emprendedores reconocen barreras para el crecimiento de su negocio por falta de apoyo financiero. “Las personas sienten que no son beneficiarias de crédito y creen que nadie se los dará, por ser trabajadores informales”, explica Coloma. Sin embargo, está demostrado que los microempresarios son los mejores pagadores. “Recuperamos 95% de lo que prestamos”, afirma el gerente general de
Fondo Esperanza, Mario Pavón, aludiendo a los créditos otorgados por su organización y que están bajo el millón de pesos, en el caso de la población más vulnerable.
Situación de las Pymes
En el caso de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), junto con los obstáculos para acceder al financiamiento, siguen lidiando con el atraso en los pagos de los bienes y servicios que proveen a sus clientes. Estos se dan maña para cumplir con este compromiso en plazos que oscilan entre 60 y 90 días.
De poco ha servido, la Ley 20.727, que entró en vigencia en agosto del año pasado, para agilizar los pagos, mediante factura electrónica, dice Patricio Gana, socio principal de la firma AK Contadores.
En agosto del año pasado entró en vigencia la Ley 20.727, la cual señala el uso obligatorio de la factura electrónica, y cuyo principal beneficio sería la agilización de los procesos de pago y su tramitación. Sin embargo, Patricio Gana afirma que nada de eso se ha convertido en realidad, puesto que los atrasos en los pagos de los grandes compradores (clientes) a las pequeñas y medianas empresas se han incrementado, agudizando los problemas que estas enfrentan en medio del ciclo de desaceleración económica que afecta a Chile.
Las Pymes siguen lidiando con el atraso en los pagos de los bienes y servicios que proveen a sus clientes.
“La tardanza en el pago a las Pymes termina siendo grave para toda la economía, porque crea un efecto en cadena, ya que disminuye la liquidez de los empresarios de menor tamaño, empujando al incumplimiento de éstos con sus acreedores financieros”, afirma Gana. Agrega que el resultado es el aumento en la cantidad de las Pymes en riesgo financiero, cerrándole las puertas al mercado financiero formal.
Luego afirmó que este problema “está despotenciando a las Pymes, lo que a su juicio ha estado operando como otro freno para al crecimiento económico. Añadió que este problema termina por afectar la generación de empleos, “esto porque las Pymes representan cerca del 90% de la ocupación en el país”. Sin embargo, se muestra optimista con el proyecto de ley que estudia la Comisión de Economía del Senado, para establecer un plazo máximo de pago de 30 a 45 días a las Pymes, obligando a las partes a pactar este plazo.
La directora de Desarrollo y Membresías del hub de innovación Área 51, Magdalena Ceballos, explica que este proyecto “también está buscando que los primeros años las Pymes no paguen impuestos, lo que sin duda las ayudaría a capitalizarse”. Y respecto del atraso en el pago de las facturas por parte de los grandes empresarios, dice que “no es lógico que una empresa nueva y más encima pequeña tenga que financiar a una gran corporación, dándoles a ésta un plazo de pago a 60 ó 90 días y al mismo tiempo tenga que pagar el IVA de su bolsillo”.
Para esta ejecutiva los plazos de cancelación de las facturas no debieran superar los 30 días, de tal forma de tener un ciclo sano del negocio, porque de lo contrario el pequeño empresario tiene que utilizar su línea de crédito personal, pagando altos intereses a los bancos. En casos más graves, “las Pymes tienen que recurrir a una empresa de factoring, donde los intereses y las comisiones son aún más altos que en el caso de los bancos”, sostiene Magdalena Ceballos.
